De acuerdo al análisis presentado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), en 2019, el gobierno federal mexicano le canalizó al Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC) solo 10 mil 400 millones de pesos, cuando se le debieron transferir 13 mil 999 millones. Los 3 mil 599 millones 803 mil pesos que no se transfirieron pudieron significar la realización de 21,759 cirugías de cáncer de mama.

En los días recientes este fideicomiso y su fondo principal, el de Gastos Catastróficos, han estado en el foco del debate, puesto que la Cámara de Diputados aprobó quitarle 33 mil millones de pesos, que irán a parar a la Tesorería de la Federación, para pagar las vacunas de COVID-19, según lo argumentado por los legisladores de Morena y el gobierno federal.

Ahora como parte de las auditorias presentadas a la cuenta pública 2019, la ASF documenta que no solo se le canalizaron menos recursos, sino que el fideicomiso tiene deficiencias en sus reglas de operación y en el sistema para gestionar las intervenciones validadas, autorizadas y pagadas.

Fue el 16 de noviembre de 2004 cuando se constituyó este fideicomiso, con el propósito de crear un mecanismo ágil y transparente que permitiera al gobierno federal la aplicación de recursos para apoyar económicamente a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud con los tratamientos y medicamentos asociados, que se consideren gastos catastróficos.

Al inicio de su operación, en 2004, el fideicomiso cubrió cinco padecimientos, que se incrementaron a 66 en 2018.

El 29 de noviembre de 2019 se publicó el decreto para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que asumió todos los derechos y obligaciones de la extinta Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Con este decreto se previó la conformación del Fondo de Salud para el Bienestar, en sustitución del FSPSS.

Las tareas que se le asignaron fueron las dar la atención a las enfermedades que provocan gastos catastróficos y a las necesidades de infraestructura, así como a complementar los recursos para el abasto y distribución de medicamentos e insumos. Los recursos del fondo provenían antes del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de las familias beneficiarias, las que ahora ya no harán ninguna aportación.

El año pasado, las aportaciones federales al FSPSS estuvieron incluidas en el presupuesto del programa U005 “Seguro Popular”, a cargo de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), ahora Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

De los 69 mil 887 millones 720 mil 400 pesos ejercidos en ese programa, señala la ASF, 15 mil 405 millones 666 mil 800 pesos (22.0%) fueron transferidos al fideicomiso, mediante 24 transferencias por concepto de aportaciones federales.

De esos 15 mil millones, 67.5% (10 mil 400 millones 195 mil 700 pesos) fueron para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y 32.5% (5 mil 005 millones 471 mil 100 pesos) para el Fondo de Previsión Presupuestal (FPP), otra bolsa, pero destinada a infraestructura en las entidades con mayor marginación.

Con el propósito de verificar que las aportaciones federales al FSPSS en 2019 correspondieran con los porcentajes establecidos en la Ley General de Salud (LGS), de 8.0%, para el FPGC y de 3.0% para el FPP, se revisó la base de cálculo para la determinación de los montos y se encontró que estos difirieron de los reportados en la Cuenta Pública 2019.

Al FPGC se le transfirieron solo 10 mil 400 millones 195 mil 700 pesos, cuando se le debieron transferir 13 mil 999 millones 999 mil 100 pesos, monto con el que se pudieron haber realizado 21,759 cirugías de cáncer de mama.

Además, de las 64,568 atenciones médicas validadas por las unidades hospitalarias para ser apoyadas con el FPGC, en 2019 el Comité Técnico del FSPSS autorizó el 59.2% (38,213 atenciones), por un monto de un mil 964 millones 346 mil 400 pesos, que representó 64% de los 3 mil 068 millones 969 mil 600 pesos que sufragaron las unidades médicas en la atención de los beneficiarios. En tanto que el 40.8% (22,919 atenciones) quedó pendiente de autorización, y el 0.7% (440 atenciones) no fue autorizado.